El oscuro negocio de la pesca china en aguas argentinas

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Argentina tiene una de las zonas económicas exclusivas (ZEE) más ricas del mundo. Debido a la abundancia de recursos y a la falta de controles hoy enfrenta una significativa amenaza: la presencia masiva de la flota pesquera china. Estos barcos operan al límite de la ley, aunque muchas veces la cruzan, poniendo en riesgo la economía local y el frágil equilibrio de su ecosistema marino.

La amenaza de la flota china a nivel global

La ZEE argentina es un tesoro marino, conocido especialmente por su abundancia de calamar (Illex argentinus), un recurso clave para la industria pesquera. Esta riqueza ha atraído a múltiples flotas extranjeras, siendo la china la más agresiva. Con cientos de barcos operando en las cercanías, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se ha convertido en una preocupación constante.

Entre 350 y 500 barcos chinos operan en la región, causando pérdidas económicas que se estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales para Argentina. Además, según el Gobierno, desde 2010, la Armada Argentina ha expulsado de aguas nacionales a 11 barcos chinos por sospecha de pesca ilegal.

Según una investigación realizada por Outlaw Ocean, China ha consolidado su dominio en la pesca mundial al desplegar una flota de más de 6,000 barcos, superando con creces a cualquier otra nación, con una cantidad que triplica la de su competidor más cercano.

La incursión de barcos chinos en aguas argentinas

Pero desde hace unos años ya, la flota china no solo pesca en aguas internacionales o entrando ilegalmente a las zonas económicas exclusivas de diversos países, entre ellos Argentina. También recurre a diversas tácticas para acceder a las aguas argentinas y pescar “legalmente”. Según explicó Milko Schwartzman, especialista en conservación marina, «China solicita, a través de empresas radicadas en Argentina, permisos para ingresar nuevos barcos a determinadas pesquerías o compra directamente permisos a empresas locales.»

Aunque estos barcos operan bajo bandera argentina, pertenecen a capitales chinos, creando una competencia desleal. Schwartzman advierte que la legalidad superficial de estas operaciones oculta prácticas cuestionables, como el control de las embarcaciones por tripulaciones chinas una vez que salen del puerto, algo prohibido por la ley nacional. Esto no solo viola la legislación argentina, sino que también pone en duda la soberanía del país sobre sus propias aguas.

Estimaciones indican que las empresas chinas controlan, al menos, 62 buques de pesca industrial que llevan la bandera argentina. 

Impacto en las comunidades y el ecosistema

China tiene, al menos, 250 “barcos abanderados” en las aguas territoriales de diversos países. La sobreexplotación por parte de estas flotas, junto con el uso de artes de pesca prohibidos y la explotación de mano de obra casi esclava, ha reducido significativamente las capturas de las flotas nacionales, afectando la economía de las regiones costeras.

En este sentido, Schwartzman explicó que “la pesca ilegal tiene un impacto negativo muy significativo en la pesca local al contribuir a la sobreexplotación de los recursos pesqueros, utilizar artes prohibidos, y operar sin respetar las temporadas ni las especies en veda. Esto deteriora la salud del caladero, afectando a todos los que dependen de él y perjudicando a las empresas locales”.

El especialista sostuvo además, que la pesca no regulada fuera de la zona económica exclusiva de Argentina enfrenta una competencia desleal en los mercados internacionales. “Hay flotas de distintos países que están subsidiadas por sus gobiernos, operan con mano de obra semiesclava y sin cumplir con normas de seguridad, regulación ambiental o sanitaria. Estas ventajas crean un subsidio encubierto que les permite ofrecer precios artificialmente bajos, obligando a las flotas de los países costeros, que cumplen con regulaciones y pagan impuestos, a competir en desventaja”.

Aunque el Gobierno argentino ha otorgado permisos en gestiones anteriores, las autoridades actuales tienen la responsabilidad de supervisar y regular estas actividades. Schwartzman subraya que «el Gobierno debería revisar cómo se han otorgado los permisos y cómo actúan estas empresas, no solo las chinas, sino todas las que operan en nuestro país».

Falta de transparencia

El caso del buque chino Lu Yan Yuan Yu 10, capturado en 2016 por la Prefectura Naval Argentina por pescar ilegalmente dentro de la ZEE, es emblemático. Sin embargo, casos similares no siempre han resultado en sanciones efectivas, y la falta de transparencia en la gestión de estos incidentes ha generado desconfianza en la capacidad del Estado para proteger los recursos marinos.

«Es crucial mejorar la transparencia en todos los aspectos relacionados con la pesca marina en Argentina», insiste Schwartzman. La opacidad en la gestión no solo dificulta la protección de los recursos, sino que también limita el acceso de la ciudadanía a información vital sobre cómo se están explotando los recursos marinos, que son patrimonio de todos los argentinos.

“Argentina no ha manejado muy bien las relaciones diplomáticas con China en relación con la pesca ilegal. En muchos casos, no ha hecho protestas diplomáticas ni ha tomado una posición firme con respecto a este problema”, remarcó el especialista.

Y agregó: “Asimismo, sabemos que la Cancillería y otros organismos del gobierno han firmado acuerdos con China sobre la conservación de los recursos marinos, lo cual es algo irónico. Mientras China realiza pesca ilegal, Argentina firma acuerdos secretos con China. Nadie los ha visto. Eso denota un muy mal manejo, a espaldas de la sociedad. Obviamente suponemos que todos esos acuerdos benefician a China”.

¿Se está haciendo algo para solucionar el problema?

Si bien Argentina ha implementado varias medidas para combatir la pesca ilegal, ninguna está siendo efectiva. Para frenar el avance chino, se ha intensificado el patrullaje del mar y se han aumentado las multas. En 2021, la Armada y la Prefectura iniciaron un trabajo conjunto para mejorar el control en el mar argentino. Sin embargo – advierte Schwartzman – “estas medidas se centran principalmente en el uso de la fuerza y la seguridad, mientras que las acciones diplomáticas y de gestión fuera de la zona económica exclusiva son insuficientes. La sobreexplotación pesquera en aguas internacionales afecta directamente a los recursos dentro de la zona económica exclusiva de Argentina”.

A nivel global, existen algunos acuerdos en proceso que podrían mejorar la gestión de recursos marinos. Uno de ellos es el acuerdo sobre biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional de la ONU, aprobado en 2023, que aún necesita 60 ratificaciones para entrar en vigor y apenas ha alcanzado menos de 10. Este acuerdo busca ordenar la explotación de recursos en alta mar. 

“Otro acuerdo importante es el de prohibición de subsidios a la pesca ilegal, aprobado en 2022, que también requiere un número mínimo de ratificaciones para ser efectivo”, detalló Milko Schwartzman.

“Además – prosiguió – se ha destacado la necesidad de un acuerdo regional para conservar los recursos marinos del Atlántico Sur. Sería beneficioso que Argentina, Brasil y Uruguay trabajaran en una iniciativa conjunta para proteger la biodiversidad en el Atlántico Sur, fuera de las 200 millas de su zona económica exclusiva”.

Impacto ambiental

La sobrepesca por parte de la flota china también tiene un impacto ambiental preocupante. La explotación intensiva del calamar y otras especies no solo amenaza la sostenibilidad de la pesca, sino que también altera la cadena alimentaria marina, poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema en el Atlántico Sur.

La presencia de la flota pesquera china en aguas argentinas es un desafío complejo que trasciende la legalidad de las operaciones. Implica cuestiones de soberanía, competencia desleal, impactos en la economía local y el ecosistema y un déficit de transparencia que debe ser urgentemente abordado. Como señala Schwartzman, es fundamental tomar medidas para regular y supervisar estas actividades, para proteger los recursos marinos, y para asegurar la transparencia en la explotación de los recursos.

“Lo que atraviesa toda la problemática pesquera en Argentina es la falta de transparencia, hay que mejorar muchísimo la transparencia en todos los aspectos que tienen que ver con la pesca marina en Argentina. Porque los recursos marinos son de todos los argentinos y tenemos derecho a saber qué se pesca, cuánto, cómo, quién y cómo se toman las decisiones y eso está fallando, falló desde siempre y es lo más importante, mejorar la transparencia”, concluyó el especialista.