Organizaciones ambientales advirtieron sobre la inactividad de la Comisión de Intereses Marítimos. Solicitaron terminar con el monopolio estatal de la información, combatir los riesgos de corrupción y garantizar la trazabilidad integral de un sector que exporta miles de millones de dólares al año.
Organizaciones ambientales advirtieron el martes 15 de septiembre sobre la falta de debate legislativo para proteger los recursos oceánicos del país durante el conversatorio “La Agenda de la pesca en el Congreso de la Nación”, realizado en el Salón Frondizi Moreno del Senado de la Nación. La jornada contó con el respaldo de la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi, quien facilitó el espacio en la Cámara Alta para visibilizar esta problemática y acompañar el reclamo de transparencia institucional en la misma línea que el diputado Maximiliano Ferraro.
La preocupación central giró en torno a la inactividad de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados. El espacio presidido por el legislador de La Libertad Avanza César Treffinger aún no avanzó con el tratamiento de un proyecto fundamental que busca hacer públicos los permisos, los antecedentes y las sanciones de toda la flota pesquera comercial.
El autor de la iniciativa es el diputado de la CC ARI, Maximiliano Ferraro, quien aprovechó la jornada intersectorial para remarcar la importancia de avanzar con esta herramienta institucional y fomentar el acceso a la información oficial. El legislador señaló que la apertura de datos resulta una condición indispensable para lograr una pesca sostenible en el tiempo al tratarse de la explotación de un recurso natural público. En ese sentido, aseguró que el Estado ya cuenta con gran parte de esos datos y la propuesta legislativa busca ordenarlos, actualizarlos y hacerlos mucho más accesibles para toda la sociedad.
Monopolio estatal, registro público y el vacío de participación ciudadana
El pedido para reactivar la labor legislativa cuenta con el fuerte respaldo del Círculo de Políticas Ambientales y la fundación Sin Azul No Hay Verde. Consuelo Bilbao, directora política del Círculo, sumó un análisis crítico sobre la falta de apertura institucional al advertir que el Estado no solo administra los recursos marítimos, sino que también concentra y monopoliza la información necesaria para auditar el manejo de las licencias. «La participación ciudadana en la toma de decisiones en el sector pesquero es prácticamente nula», sentenció la especialista durante el encuentro.
Por su parte, Mariana Regueira Corti, especialista en Políticas Públicas e Incidencia de Sin Azul No Hay Verde remarcó que «las leyes de trazabilidad y de registro público son herramientas centrales para fortalecer la integridad del sector pesquero». Según detalló «permiten reducir los márgenes de discrecionalidad en la asignación y transferencia de licencias y cuotas, prevenir conflictos de interés y tráfico de influencias, e identificar a los beneficiarios finales detrás de las empresas y embarcaciones».
Asimismo, Regueira indicó que para Argentina, avanzar en esta agenda también «representa una oportunidad estratégica: contar con información pública, verificable e interoperable mejora la confianza, facilita el acceso a mercados cada vez más exigentes y permite alinear al sector con los estándares internacionales promovidos en el proceso de adhesión a la OCDE». Más transparencia significa mejores controles, mayor previsibilidad y una posición más competitiva para la pesca argentina en el mercado global.
Para ilustrar este escenario de opacidad, Bilbao explicó que las organizaciones civiles no tienen acceso al Consejo Federal Pesquero ni conocen la integración de las comisiones de asesoramiento técnico donde se toman las decisiones operativas. Asimismo, lamentó profundamente que Argentina sea el único país de la región con una flota industrial que se niega a publicar los datos de sus embarcaciones en un registro abierto.
Por su parte, el coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, cuestionó que el titular de la comisión legislativa evite tratar proyectos de esta índole y remarcó que sin datos de acceso irrestricto resulta muy difícil evaluar el verdadero impacto ambiental que las flotas generan frente a las costas patagónicas.
Transparencia para combatir la opacidad y los riesgos de corrupción
Para fundamentar la necesidad de abrir los registros, el diputado Ferraro advirtió que “resulta paradójico que muchas veces para conocer información básica sobre nuestra propia flota debamos recurrir a certificadoras, organizaciones internacionales o plataformas privadas”. Ferraro argumentó, que lejos de perjudicar al sector productivo, hacer pública la información protege a quienes cumplen y permite distinguirlos claramente de quienes operan al margen de las reglas. Esta medida, detalló el diputado, reduce de forma drástica los espacios de discrecionalidad y los riesgos de corrupción en la administración de un recurso público.
En la misma línea, el legislador insistió en la urgencia de terminar con los grises normativos que facilitan el ocultamiento corporativo. «Tenemos que poder saber quién pesca, con qué permisos, qué cuotas tiene, quiénes son los titulares y cuáles son sus antecedentes y sanciones», enumeró para graficar el nivel de apertura que exige su iniciativa parlamentaria.
Trazabilidad integral para respaldar las exportaciones y el empleo
El conversatorio también sirvió para analizar la protección oceánica como un motor económico estratégico, considerando que el sector pesquero argentino exporta cerca del noventa por ciento de sus capturas y genera ingresos récord que superan los dos mil millones de dólares.
Para sostener este volumen de ventas en los principales mercados internacionales, que exigen estándares cada vez más rigurosos, Ferraro definió a la trazabilidad como una gran deuda histórica del Congreso de la Nación. Por ese motivo impulsan un sistema capaz de seguir el producto a lo largo de toda su cadena, desde el momento exacto de la captura hasta su comercialización final.
“Para las provincias pesqueras cuidar el recurso significa proteger también el trabajo, la producción y el futuro de la actividad a lo largo de todo el litoral marítimo. Necesitamos contar con información confiable para que nuestros mares sigan siendo productivos para las próximas generaciones», concluyó Ferraro.