La decisión oficial de habilitar la pesca comercial durante todo el año en la Subárea 12 enciende una profunda preocupación comunitaria sobre el impacto ambiental de una flota operando de manera continua. En la localidad crecen los reclamos ante la falta de respuestas claras respecto a cómo convivirá el trabajo industrial intensivo con el uso recreativo de la playa pública y la conservación del ecosistema marino.
El punto de mayor fricción territorial reside en la geografía propia del pueblo. El muelle pesquero y el sector de costa utilizado históricamente por los vecinos y turistas para bañarse comparten exactamente la misma franja marítima. La intención municipal y provincial de mantener la terminal portuaria activa durante las cuatro estaciones implicará multiplicar el tránsito de buques, las maniobras de amarre y la manipulación de combustibles en pleno verano, coincidiendo de forma obligada con el momento de mayor concurrencia de familias en el agua.
El impacto en el uso recreativo de la costa
En ese sentido, Shari Bocca, vecina de Camarones, lamentó el impacto que genera la actividad pesquera en la playa principal del pueblo, un sector donde las familias se reúnen a compartir mates y donde los niños se meten al agua. La habitante advirtió que actividades recreativas como el Club del Mar y la colonia de vacaciones probablemente deban trasladarse a otro sitio, ya que representaría un peligro «tener a los chicos nadando entre barcos, combustible y cajones». Asimismo, recordó que recientemente debió alertar a la Prefectura y a la administración portuaria por el desprendimiento de dos defensas del muelle, y aunque valoró la rápida intervención para resolver aquel episodio, remarcó con preocupación que «los barcos le están haciendo mucho daño a la costa del pueblo».
Los temores del vecindario encuentran respaldo técnico y testimonial en los episodios de contaminación que se documentaron en la costa local durante la última temporada estival. Meses atrás, los propios habitantes capturaron en video la presencia de manchas de aceite y restos de hidrocarburos flotando en la zona inmediatamente contigua a las embarcaciones.
Esa contaminación visible en el espacio público se sumó a las advertencias de los investigadores del Centro Nacional Patagónico sobre los efectos tóxicos de las pinturas antiincrustantes que desprenden los cascos de los barcos comerciales. Los informes científicos advierten que esos productos liberan estaño en el mar y ya provocan alteraciones reproductivas y malformaciones físicas en los moluscos analizados dentro de la jurisdicción portuaria de Camarones.
Precariedad sanitaria e interrogantes sobre la fiscalización
Todo este pasivo costero afecta a una comunidad que además atraviesa una precariedad sanitaria estructural en sus servicios básicos. Relevamientos del Ministerio de Salud confirmaron recientemente que el agua potable domiciliaria de la red municipal supera los límites tolerables de arsénico y sodio, junto con presentar fallas severas en los sistemas de cloración, una suma de factores que profundiza el riesgo ambiental global al que se enfrentan los habitantes.
Frente a este escenario de incertidumbre, el coordinador de la fundación Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, advirtió que con el nuevo anuncio oficial «hay un montón de interrogantes que no se responden en cuanto a la contaminación propia de la industria» y a la convivencia diaria de la comunidad en el sector costero principal donde opera el puerto. El referente ambiental recordó que en febrero presentaron una solicitud de información pública ante la Secretaría de Pesca de Chubut, entonces conducida por Andrés Arbeleche, para conocer el alcance geográfico real de la prospección. La intención de ese pedido formal fue verificar si el área de explotación comercial «no se solapaba con área natural protegida», un ecosistema que alberga siete especies declaradas monumentos naturales y requiere estándares de fiscalización muy precisos.
La inquietud por el impacto territorial incluye además el manejo de los desechos en altamar, una variable que cobró relevancia tras el reciente hallazgo de cajones industriales abandonados en las playas de Puerto Madryn. Coustet planteó sus dudas respecto a si la localidad ya tiene una logística armada para contener la contaminación plástica que genera la actividad y reclamó evaluar a fondo «el impacto tanto positivo como negativo que puede llegar a tener para la comunidad» la intensificación pesquera.
El dirigente señaló que a la hora de decidir el rumbo de los recursos marítimos «se le da una nula importancia a que haya espacios de participación ciudadana», y lamentó que las autoridades locales avancen con estos anuncios sin haber respondido ni resuelto antes la crisis comunitaria por el agua potable.
Reclamo por espacios de diálogo y control estatal
La inquietud social se agrava ante la ausencia sistemática de ámbitos de consulta ciudadana para debatir estas transformaciones territoriales. Vecinos comprometidos con el reclamo ambiental advierten que la raíz del conflicto radica en la falta de espacios de diálogo y sostienen que las iniciativas oficiales suelen llegar como una “bajada de línea muy autoritaria” que termina incrementando la conflictividad social.
La comunidad coincide en el apoyo al desarrollo económico y la generación de empleo, pero exigen planificación y control estatal para asegurar que la expansión pesquera no termine arrebatándole al pueblo la salubridad de su costa y un importante espacio social, educativo y recreativo.