Argentina se consolidó como el único país de la región que mantiene bajo llave la información detallada sobre su flota pesquera nacional. Mientras naciones vecinas avanzan en la apertura de datos, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó un pedido formal ante el Consejo Federal Pesquero para revertir este atraso y crear un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros.
El reclamo no solo busca democratizar el acceso a la información, sino que se posiciona como una herramienta estratégica para combatir la pesca ilegal y garantizar la sostenibilidad de un recurso que pertenece a todos los argentinos. La solicitud pone el foco en que el acceso a datos como la identificación de buques, titulares de licencias y antecedentes administrativos es un derecho respaldado por la Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de Escazú.
Un vacío que debilita el control estatal
La falta de una plataforma digital y accesible genera un escenario de opacidad que preocupa a los especialistas del sector. Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, explicó que, aunque la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila esta información por obligación legal, hoy no existe un registro en línea para su consulta.
«Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional», señaló Bilbao. Según la referente, la rendición de cuentas es un elemento fundamental para un sector netamente exportador que debe cumplir con estándares internacionales cada vez más exigentes.
El mapa de la región frente al atraso local
La comparación con el resto del continente deja a la Argentina en una posición de vulnerabilidad administrativa y política. Países como Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador ya cuentan con sistemas abiertos donde cualquier ciudadano puede consultar el historial de licencias, las embarcaciones operativas y las sanciones aplicadas a las empresas.
Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, remarcó que la resistencia a transparentar estos datos coloca al país en una situación de excepcionalidad que daña la gobernanza pesquera. «Argentina es el único país de la región con flota pesquera que no publica estos datos. Esta postura debilita la sostenibilidad de un recurso natural estratégico», advirtió Coustet sobre la urgencia de modernizar el sistema.
Los beneficios de abrir los datos al público
La implementación de un registro abierto traería ventajas inmediatas para la gestión de los recursos marinos. Entre los puntos destacados en la petición, se encuentra la optimización de la eficiencia administrativa y una reducción drástica en los riesgos de irregularidades o uso indebido de licencias de pesca.
Además, contar con información clara sobre quiénes pescan y dónde lo hacen fortalece la trazabilidad de los productos locales. En un mercado global que penaliza la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la transparencia se vuelve una ventaja competitiva para las empresas que operan bajo la ley y una barrera infranqueable para quienes intentan evadir los controles.
Una pregunta incómoda para las autoridades
El pedido formal ya está en manos del Consejo Federal Pesquero, que ahora deberá decidir si incorpora el tema en su orden del día. El objetivo de las organizaciones es que la discusión no se dilate y se inicie un proceso de modernización real que ponga fin al secretismo en torno a la explotación de los mares nacionales.
«Cuando un Estado se niega a publicar datos tan básicos como quiénes son los barcos que pescan en aguas nacionales, la pregunta inevitable es qué se está ocultando», sentenció Bilbao. Para los impulsores de la iniciativa, abrir esta información no representa una opción política, sino que es una obligación legal y una condición mínima para garantizar un sistema pesquero sano, confiable y con futuro.