En un país donde la pesca industrial aún opera en penumbras, un evento reciente convocó a referentes, expertos y organizaciones de la sociedad civil para encender las alarmas. El encuentro, organizado por el Círculo de Políticas Ambientales y la fundación Sin Azul No Hay Verde, se consolidó como un paso clave en el camino hacia una mayor transparencia en la gestión pesquera en Argentina.
El evento contó con la participación de funcionarios de la Subsecretaría de Pesca de Chubut, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), así como también de empresarios de la industria pesquera, tanto del sector público como del privado, y organizaciones y ONGs vinculadas a la conservación ambiental.
Durante la jornada, se presentó el informe “Transparencia en la pesca: registro público de embarcaciones”, una radiografía detallada sobre cómo la falta de acceso a datos públicos afecta el control ciudadano, debilita la sostenibilidad de los recursos marinos y abre la puerta a prácticas ilegales o poco éticas dentro del sector.
Una deuda pendiente
Los números y las leyes expuestos son concretos y muestran las graves consecuencias: sin información clara, completa y accesible, es imposible saber quién pesca en el mar argentino, bajo qué condiciones, con qué permisos o cuotas, y con qué historial legal. Esa opacidad limita el accionar de los organismos de control, impide la participación de la sociedad civil y favorece la concentración y el desmanejo de un recurso que es de todos.
“La pesca en Argentina aún está lejos de los estándares internacionales de transparencia”, se remarcó durante el evento. Países como Chile, Perú, Uruguay y Brasil ya cuentan con registros públicos en línea que permiten consultar embarcaciones, autorizaciones, propietarios, especies capturadas y sanciones. En cambio, en nuestro país, acceder a esa información requiere —en el mejor de los casos— iniciar un trámite administrativo que ingresa en un laberinto burocrático del que pocas veces sale.
“Una herramienta para la transparencia de la pesca que se viene implementado en otros países de la región son los registros públicos de permisos de pesca y/o embarcaciones. Estos registros o listas de la flota pesquera en línea permiten analizar cómo se están utilizando los recursos pesqueros y financieros, por quién y en qué medida se están explotando. La administración local recaba esa información, pero no la pública, necesitamos que esos datos sean de libre acceso”, explicó Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales.
Datos que no flotan
El informe presentado durante el encuentro tiene un mensaje claro: las decisiones más importantes sobre el uso del mar se toman en espacios cerrados, sin rendición de cuentas ni participación de actores externos al sector pesquero empresarial y gubernamental. Las actas del Consejo Federal Pesquero son largas, desordenadas y poco útiles para el análisis ciudadano. Los datos sobre sanciones, subsidios o transferencias de cuotas están dispersos o no existen en forma pública.
En el encuentro se habló también de «transparencia activa», un concepto clave que exige que la información no solo esté disponible si alguien la pide, sino que sea publicada de manera proactiva, clara y navegable, como un derecho de la ciudadanía, no como una excepción.
Un registro público, una solución concreta
La propuesta más concreta que surgió del evento fue clara: crear un registro público de embarcaciones pesqueras. Este debería incluir información actualizada sobre permisos, cuotas, propietarios legales y beneficiarios finales, historial de sanciones y método de pesca. Esa base de datos permitiría a ciudadanos, investigadores, autoridades y otros actores seguir el rastro de cada barco que explota el mar argentino.
Este tipo de registro, además, se alinea con los compromisos asumidos por Argentina a través de acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú o el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que promueven la transparencia, el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
“El reporte – remarcó Bilbao – busca introducir la discusión pública de la transparencia en el sector pesquero. La pesca es un bien común y la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestiona. Las autoridades deben brindar información sobre quienes explotan los recursos, como los explotan y cuál es el estado de esos recursos”.
¿Por qué importa?
La pesca representa uno de los pilares de la economía azul del país, con miles de toneladas exportadas y millones en juego. Pero también es una actividad que impacta directamente en los ecosistemas marinos, en la biodiversidad y en las comunidades costeras. Transparentar su funcionamiento es una cuestión de soberanía, justicia ambiental y control democrático.
“Si no sabemos quién explota el recurso, cómo lo hace y si cumple la ley, es muy difícil pensar en una pesca sustentable y equitativa”, se sostuvo durante el panel de cierre.
Un llamado plural
El evento reunió a actores de distintos ámbitos, representantes del sector académico y de organismos públicos. Ese cruce de miradas permitió ratificar algo esencial: la transparencia no es un capricho técnico ni un pedido ideológico, sino una condición necesaria para la buena gestión de lo público.
En un contexto donde otros sectores productivos han comenzado a abrir sus datos y rendir cuentas, la pesca no puede quedarse atrás. El mar, como bien común, necesita políticas que no solo miren el volumen de la captura, sino también la legitimidad de su acceso.
Más claridad, más participación
El encuentro organizado por el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde dejó un mensaje claro: la transparencia es una herramienta para mejorar la gobernanza, proteger el ecosistema marino y garantizar que la pesca sea una actividad sostenible, justa y al servicio del país.
“Desde las organizaciones celebramos el interés y la participación activa de los entes públicos y privados en un tema tan importante. Entendemos que transparentar la pesca y proteger la salud de nuestro mar debe ser un trabajo en conjunto y de todos los actores involucrados”, resumió Juan Coustet de Sin Azul No Hay Verde.
El desafío está planteado. Ahora, como en todo lo que ocurre en el mar, lo importante será que los datos floten, sean accesibles, y no que se hundan por el peso de la burocracia o de la desidia.
